Publicado: 17 de Octubre de 2017

Jueves, 16 de octubre del 2014

Las tasas judiciales catalanas, de las que quedan exentos los ciudadanos y las pequeñas empresas, empezarán a cobrarse a partir del jueves, tras haberse publicado este miércoles en el Diari Oficial de la Generalitat la orden por la que establece el procedimientos y los términos de autoliquidación. El importe, entre un mínimo de 60 euros y un máximo de 120, es inferior a las tarifas aplicadas por el Gobierno español que, en algunos casos, pueden llegar a los 10.000 euros. La tasa catalana solo se aplicará en los ámbitos civil y contencioso y únicamente afectará a las 155.803 empresas de Catalunya consideradas medianas y grandes.

El pasado 3 de junio y tras un acuerdo con los abogados y los procuradores, el Gobierno catalán aprobó el decreto ley de modificación de la ley de tasas para excluir a los ciudadanos, a los profesionales autónomos y a las pequeñas empresas de la aplicación de este canon, destinado a financiar los medios personales y materiales de la Administración de justicia. La Generalitat acordó entonces y mantiene ahora un descuento del 25% si la demanda se presenta por vía telemática.

La tasas judiciales catalanas han tenido su particular periplo por los tribunales desde que iniciaron su andadura. Cuando entraron en vigor, en mayo del 2012, los ciudadanos no estaban exentos del pago a la hora de presentar una demanda o un recurso en el ámbito civil (excepto familia y sucesiones) y en el contencioso-administrativo si la cuantía reclamada superaba los 3.000 euros, No se aplicaban las tasas, igual que ahora, en los ámbitos penal y laboral. Sin embargo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional y en enero del 2013 este organismo, al igual que paso con el euro por receta, suspendió cautelarmente aquella tasa judicial autonómica.

La sentencia

La suspensión duró unos meses. En mayo del 2014, el Constitucional avaló que la creación de esa tasa entraba dentro de las competencias de la comunidad autónoma. A partir ese momento, la Conselleria de Justícia abrió negociaciones con los abogados y procuradores catalanes para llegar a un acuerdo, que se materializó a los pocos días.